El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado hoy la implementación de una política renovada en materia de restricción de visas, en un esfuerzo por combatir la migración irregular hacia el país. Esta medida, enmarcada en el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), está dirigida específicamente a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de vuelos chárter y transporte terrestre y marítimo.
La nueva política, que amplía y sustituye a la anterior política 3C relativa a Nicaragua emitida en noviembre de 2023, tiene como objetivo principal a aquellas compañías de transporte que facilitan activamente la migración irregular hacia Estados Unidos. Esta acción busca abordar las operaciones que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los migrantes, quienes a menudo se ven obligados a pagar sumas exorbitantes y enfrentan riesgos significativos para sí mismos y sus familias, solo para encontrarse con procesos de expulsión al llegar a su destino.
Es importante destacar que esta política no solo apunta a los contrabandistas y empresas privadas, sino también a los funcionarios públicos y gobiernos que se benefician de la explotación de migrantes vulnerables. El Departamento de Estado reafirma su compromiso de colaborar estrechamente con los gobiernos y el sector privado, tanto a nivel regional como global, para erradicar esta práctica inhumana y garantizar un trato justo y humano para todos los migrantes.